Analfabetismo Digital en el Poder Judicial Chileno: La Brecha en Delitos Informáticos

En Chile, la revolución tecnológica ha transformado radicalmente la manera en que operan empresas, instituciones y personas. Sin embargo, el sistema judicial aún enfrenta enormes desafíos para adaptarse a este nuevo escenario. Los delitos informáticos —como hackeos, accesos no autorizados, sabotajes de sistemas y fraudes digitales— requieren criterios técnicos específicos que, en muchos casos, los jueces aún no poseen.

El problema principal radica en la falta de alfabetización digital en la judicatura. Muchos jueces carecen de la formación necesaria para diferenciar entre un delito informático grave y una acción tecnológica legítima, generando decisiones judiciales ambiguas o desproporcionadas. Esta falta de criterio técnico no solo pone en riesgo la justicia, sino que también afecta directamente a los ciudadanos y a los profesionales del área tecnológica que operan dentro de la legalidad.

El caso de Pablo Jara Vargas

Un ejemplo que ilustra esta problemática es el caso de Pablo Jara Vargas, un joven consultor en ciberseguridad. En un incidente judicial que generó amplia polémica, Jara Vargas pasó 79 días detenido tras realizar una acción de suspensión de servicios a una empresa que no había cumplido con pagos contractuales. La situación se complicó porque la empresa le había solicitado previamente participar en actividades ilegales relacionadas con el robo de código fuente de un software llamado SchoolMarket.

Durante el proceso, se le acusó de espionaje informático y sabotaje informático, sin existir pruebas técnicas reales que sustentaran estas imputaciones. Además, se le sacó a colación su pasado como hacktivista a los 15 años, generando un efecto de persecución mediática que incluyó cobertura en un canal de televisión nacional, Chilevisión. Esta situación agravó la percepción pública y judicial sobre su persona, sin considerar el contexto ni la evidencia técnica.

Cabe destacar que sus derechos como niño y adolescente fueron vulnerados, ya que comenzó a trabajar con la empresa denunciante a los 15 años, una compañía encargada de gestionar sociedades médicas en Chile. A pesar de su edad y de la relación laboral previa, se le aplicaron imputaciones graves sin un análisis justo ni proporcional de la situación.

Consecuencias del desconocimiento

• Procesos judiciales prolongados e injustos: decisiones basadas en interpretaciones erróneas de la ley tecnológica.
• Riesgo para la innovación: profesionales y empresas se sienten vulnerables al actuar en entornos digitales, limitando el desarrollo tecnológico.
• Inseguridad jurídica: ciudadanos y empresas no saben con claridad qué conductas son legales o ilegales en el ámbito digital.

Necesidad de especialización

Para cerrar esta brecha, el Poder Judicial necesita incorporar formación continua en delitos informáticos, incluyendo:

• Capacitación en ciberseguridad y software.
• Evaluación técnica de pruebas digitales con expertos independientes.
• Creación de tribunales especializados en delitos tecnológicos.

Solo así será posible garantizar decisiones justas y coherentes en un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la normativa tradicional.

Fuente: Análisis de casos judiciales y experiencia profesional de Pablo Jara Vargas